Supondrá que en los próximos años hasta 500.000 personas más que ahora se podrán beneficiar de los servicios de atención a la dependencia
La evaluación del nivel de ingresos del beneficiario potencial de un servicio será a título individual y no familiar
Barcelona. (EFE).-
El Parlament ha aprobado la Ley de Servicios Sociales que universaliza el acceso a los derechos sociales con el objetivo de establecer el cuarto pilar del Estado del Bienestar -junto a Educación, Sanidad y Seguridad Social-, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara catalana.
Todos los partidos han votado a favor de una ley que permitirá el acceso de las clases medias a los servicios sociales y supondrá que en los próximos años hasta 500.000 personas más que ahora se podrán beneficiar de los servicios de atención a la dependencia.
El texto del dictamen detalla los derechos y deberes de las personas en relación con los derechos sociales y contiene, además, un catálogo de servicios como garantía del derecho a los servicios sociales de la red pública.
Dicho catálogo pasará a ser una cartera de servicios que deberá aprobar por decreto el ejecutivo catalán con vigencia de cuatro años y que deberá definir el tipo de prestaciones, la población a la que va dirigida, el equipo profesional que lo tendrá que gestionar y los estudios económicos pertinentes de todas las prestaciones.
La Ley de Servicios Sociales introduce, como novedad, la figura del "profesional de referencia" -a semejanza del médico de cabecera- que velará por la coordinación de los servicios sociales de cada ciudadano y que debe permitir agilizar sus trámites y acabar con la obligación de los usuarios de ir de ventanilla en ventanilla.
Evaluación del nivel de ingresos individual
Otra novedad es que a partir de la entrada en vigor de esta ley, en enero de 2008, la evaluación del nivel de ingresos del beneficiario potencial de un servicio será a título individual y no familiar, como hasta ahora, de manera que a partir de ahora se evaluarán sólo los ingresos de la persona unitaria.
La ley propone un sistema de financiación mixto de administración y usuarios, que en los casos de las rentas más altas deberán contribuir al pago de estos servicios.
La intención es que a partir de ahora las clases medias tengan acceso a los servicios sociales, hasta ahora exclusivos de las personas con rentas más bajas.
Esta iniciativa legislativa también contempla ofrecer el servicio de manera descentralizada, con una participación importante de ayuntamientos y consejos comarcales, y organizándose a partir de áreas por cada veinte mil habitantes.
La consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, ha calificado la aprobación de esta ley de "momento histórico" porque gracias a la nueva normativa todas las personas "vivan donde vivan" tendrán acceso a los servicios sociales y será la garantía que todas las personas gocen de igualdad de oportunidades.
Capdevila ha informado de que actualmente la Generalitat tiene censadas unas 825.000 personas beneficiarias de los servicios sociales y ha anunciado que la nueva ley dará cabida en los próximos años a unas 500.000 personas.
Esta ley, calificada en su momento por el presidente catalán José Montilla de "ley estrella" de su gobierno, es la décima de un total de doce que los tres grupos que dan apoyo al gobierno catalán -PSC, ERC e ICV-EUiA- votan conjuntamente con CiU.
Todos los grupos parlamentarios han coincidido a alabar el consenso y el proceso de participación para redactar la ley, que empezó a gestarse en la anterior legislatura como proyecto de ley del ejecutivo presidido por Pasqual Maragall.
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