EL PAÍS - Barcelona - 27/10/2007
No todo termina con leyes sociales, hay que saber gastar el presupuesto. Artur Mas, presidente de CiU, denunció ayer que en la liquidación del presupuesto de la Generalitat de 2006 se advierte que el Departamento de Acción Social y Ciudadanía dejó sin destino 97,5 millones de euros y que un capítulo de 25 millones dedicado a la atención de los discapacitados tampoco fue ejecutado.
Estas afirmaciones las hizo durante el coloquio que mensualmente convoca la Fundació Pere Tarrés, con la colaboración del Aula de EL PAÍS, para debatir las políticas que afectan al tercer sector, que agrupa a las organizaciones con programas sociales.
Mas insistió en que no se puede contraponer progreso nacional y progreso social. "Al catalanismo en mayúsculas no es preciso ponerle la etiqueta de social; si no es social, no es catalanismo". Para el líder de CiU hay que luchar por la igualdad de oportunidades porque eso crea cohesión social, pero advirtió de que esta igualdad no comporta igualdad en los resultados y se ha de administrar en función de las capacidades de cada ciudadano. "Afortunadamente, en Cataluña el ascensor social funciona, hay un horizonte de promoción personal para los ciudadanos". Pero hay que garantizar que siga funcionando sin confundir la necesaria protección comunitaria con el reparto de premios sin prestar atención al esfuerzo que ponga el premiado.
La chequera del Gobierno
Mas, refiriéndose a la fórmula del cheque social, insistió en que una política social no está reñida con el derecho del ciudadano a escoger los servicios. "Esta propuesta no es ni neoconservadora ni liberal. Es una defensa progresista". Y recordó que sus propuestas de cheque social para determinados servicios fue criticada duramente la pasada campaña electoral y ahora el Gobierno español ha abierto su chequera.
La gestión del Gobierno catalán fue insistentemente criticada por Mas a pesar de que, dijo, gracias al sistema de financiación pactado por CiU en 2001, el Gobierno catalán ha multiplicado por dos su capacidad presupuestaria. Este capítulo lo concluyó avisando de que no se pueden hacer políticas sin pagar y que no se puede prometer alegremente ayudas y subsidios sin calcular su coste. Mas lamentó que las relaciones de las administraciones con las organizaciones del tercer sector tengan a menudo un carácter paternalista y que los políticos han de estar atentos a las políticas que se proponen desde el tercer sector y no atribuirles simplemente actuaciones subsidiarias, de ayuda donde la Administración no llega. El presidente de CiU propugnó una concertación de programas a largo plazo entre la Administración y las organizaciones del tercer sector, para que éstas no se vean obligadas a acudir a una especie anual de subasta y puedan programar su actividad conociendo los recursos que en cuatro años les llegarán de las administraciones. Mas advirtió de que el próximo año la evolución económica obligará a una restricción en los presupuestos públicos
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