Un trabajo de la Fundación CESM ha constatado que los servicios de Urgencias, con el 45 por ciento del total, la Psiquiatría y la Atención Primaria son los ámbitos más afectados.Madrid (16-10-2007).- El 10 por ciento de los médicos españoles ha sido agredido físicamente alguna vez por pacientes o sus familiares, y un 75 por ciento (tres de cada cuatro) han recibido una o más veces amenazas verbales. Así se ha puesto de manifiesto en la presentación del manual “Agresiones a facultativos. Guía de prevención y actuación”, que ha sido elaborado por la Fundación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). En el acto, se ha concluido también la casi total ausencia de registros de este tipo de delitos, ya que existen muy pocos autonómicos y ninguno en el ámbito nacional.
Los datos parciales que se conocen “llaman poderosamente la atención”, se afirma desde la Fundación CESM. Así, por ejemplo, se destaca que, en el caso de Madrid, y según una encuesta realizada por el sindicato, el servicio jurídico del Colegio de Médicos de esta Comunidad Autónoma estimaba el pasado mes de junio que cada cuatro días un médico denuncia una agresión; y la Consejería de Salud de Andalucía ha cuantificado que durante el primer semestre de este año se produjeron 271 agresiones, cifra que los sindicatos médicos andaluces consideran lejana a la real, según se ha comentado.
Por otra parte, la Fundación CESM afirma tener constancia de que la violencia hacia los facultativos “aumenta sustancialmente de año en año”, así como que todavía son una minoría los profesionales que deciden denunciar. Los motivos son varios, según los datos que maneja la Fundación, entre ellos, el temor a sufrir represalias por parte de los agresores, la provisionalidad en el puesto de trabajo (que impide al médico sentirse más seguro y derivar eventuales responsabilidades hacia el centro de trabajo) y el escepticismo sobre el alcance de la acción.
Los autores de esta guía han constatado también que el agresor suele ser un varón joven, y que las agresiones suelen ser más habituales en los centros de zonas urbanas marginales. Los ámbitos asistenciales con mayor riesgo son las Urgencias hospitalarias, la Psiquiatría y la Atención Primaria. En lo que atañe a las Urgencias, donde se concentran alrededor del 45 por ciento de las agresiones, el detonante es, según la Fundación CESM, “la tensión propia que se respira en estos servicios, donde las actitudes violentas suelen provenir de familiares de pacientes”. En cuanto al primer nivel asistencial, tienden a estar relacionadas con discrepancias del paciente sobre la prescripción o por presiones para conseguir bajas laborales no justificadas desde el punto de vista del profesional.
Los autores de la obra recuerdan también que gran parte del trasfondo de esta cuestión tiene que ver con causas ajenas al médico, como son “la masificación asistencial” y el “nulo esfuerzo que se hace desde la Administración para concienciar al ciudadano de que, en su relación con los profesionales sanitarios, no sólo tiene derechos, sino también deberes”.
Para contribuir, en la medida de lo posible, a racionalizar esta cuestión, la Fundación CESM, adscrita a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, ha presentado este manual que distribuirá entre sus afiliados y simpatizantes y que persigue un doble objetivo: reflejar el estado de la cuestión y servir de guía al médico a la hora de abordar estas situaciones.
En la guía se aconseja el modo de proceder ante las agresiones y se anima, ofreciendo modelos para ello, a denunciar todos los casos “con el fin de salvaguardar la dignidad del profesional, por un lado, y contribuir a evidenciar la dimensión real problema, por otro”.
Paralelamente, se proponen varias actuaciones de carácter más general, como la creación de un registro centralizado o la necesidad de que las agresiones a los profesionales sanitarios se tipifiquen judicialmente como delitos y no como faltas, de modo que conlleven desde multas superiores a 600 euros a pena de cárcel. “Hay que reconocer que hoy son ya siete las comunidades autónomas que a lo largo del último año han avanzado en este camino (Andalucía, Cataluña, Asturias, Extremadura, Castilla La-Mancha, Galicia y País Vasco), si bien la efectividad de lo hecho hasta ahora es más bien escasa”, se comenta desde la Fundación.
Otra propuesta del sindicato consiste en adoptar medidas de seguridad específicas en aquellos centros especialmente problemáticos, como contratar vigilantes de seguridad, colocar cámaras en lugares estratégicos o que haya doble acceso a las consultas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario