Eva González/ Madrid-19/09/2007
El Congreso de los Diputados rechazó ayer por la tarde una moción de CiU, que contó con el respaldo parcial del PP, en la que planteaba un decálogo de propuestas para asegurar la aplicación de la ley de dependencia, que hasta el momento ha sido, para este grupo, "un fiasco".
El portavoz de CiU en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, Carles Campuzano, criticó que "la aplicación efectiva de la ley de Dependencia se está alejando de las expectativas que el Gobierno había generado en los inicios del año".
A día de ayer, explicó, "continúan los procesos de evaluación, no hay ningún ciudadano que cobre un céntimo o que haya mejorado su cobertura en vía de servicios, y sin que ninguna comunidad autónoma ha firmado ningún convenio con el Estado para el desarrollo de la ley".
"Su aplicación efectiva se está convirtiendo en un verdadero fiasco", agregó Campuzano, quien defendio diez medidas concretas con el fin de garantizar que, al menos a medio plazo, esta Ley "sirva para satisfacer esas necesidades de las personas dependientes y sus familias".
Las propuestas pasan por destinar los remanentes de las partidas presupuestarias de 2007 que no se hayan gastado a incrementar las dotaciones de las comunidades autónomas para poner en marcha esta ley; y por mejorar unas aportaciones del Estado que considera "claramente insuficientes".
Además, propone un mecanismo de compensación para territorios como Cataluña, donde el coste de la vida y el precio de los servicios sociales es más alto, porque de lo contrario se "discrimina" a las personas dependientes que viven en esas comunidades.
CiU quiere también garantizar que el desarrollo del copago esté en manos de las comunidades autónomas; mecanismos fiscales que permitan a las familias ahorrar para hacer frente a esas situaciones de dependencia; así como acuerdos entre Estado, comunidades autónomas e iniciativa social y privada para poner en marcha servicios y recursos.
"NO TIENE FUTURO"
El desarrollo del sistema socio-sanitario, sin el cual la Ley de Dependencia "no tiene futuro", la garantía de profesionales "formados y preparados", un incremento sustancial para los próximos presupuestos de las partidas para dependencia e integrar la financiación de la dependencia en el sistema de financiación autonómica son sus otras propuestas.
En nombre del PP, Miguel Barrachina, defendió una enmienda a la moción de CiU en la que plantea "salvar la vivienda propia de la persona con dependencia", para que no se tenga en cuenta a la hora de determinar a quién se deben otorgar las ayudas, y eximir del copago a los grandes dependientes, que en su mayoría ya vienen percibiendo asistencia pública gratuita.
El portavoz popular en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales dijo al Gobierno socialista que "es hora de cumplir y dejar de prometer, sobre todo cuando se dirigen a los colectivos que más lo necesitan", y denunció que los compromisos sociales del Ejecutivo "son un rosario de incumplimientos".
"Este buen propósito" de la Ley de Dependencia, agregó, "ha sido calamitosamente gestionado, un desastre, a día de hoy nadie ha recibido un céntimo de lo mucho prometido, con excepción de los 98.000 euros que se gastó el Gobierno en una campaña publicitaria previa a las elecciones municipales y autonómicas".
En nombre del Grupo Socialista, Soledad Pérez pidió que "dejen hacer su trabajo a las administraciones" y atribuyó la insistencia de CiU en esta materia al intento de "enmendar en parte su conciencia ante el electorado" por no haber apoyado esta ley.
"Sus propuestas sólo pretenden interferir en la aplicación de una ley que está desarrollándose", agregó, "el desarrollo normativo se ha hecho con celeridad, y las comunidades autónomas están haciendo las valoraciones y tramitando las prestaciones".
Culpó a algunas comunidades, que por "casualidad" están gobernadas por el PP, como son Murcia y Madrid, del retraso en la puesta en práctica del sistema de atención a la dependencia, y aseguró que hay otras donde ya se están gestionando las ayudas y prestaciones.
LA LEY "HACE AGUAS"
Por su parte, Emilio Olabarría, portavoz de Política Social del PNV, compartió que la ley "hace aguas por todas partes", pero con mociones como la de CiU se "legitima" que sólo competa al Estado la regulación legislativa detallada y acabada de la política de dependencia.
Además, los "recursos presupuestarios y materiales son manifiestamente insuficientes, lo son este año, el próximo y seguramente en 2050. Si no hacemos una ley de dependencia alternativa a éste, que ha sido un acto legislativo fallido", no habrá forma de resolver una cuestión tan importante como la atención a la dependencia.
La portavoz de IU-ICV en esta materia, Carme García, reprochó a CiU que no respaldara en su día esta ley, en la misma línea que la diputada de ERC Georgina Oliva, quien dijo no entender la "insistencia de Campuzano" en esta "colección de mociones por fascículos" para el desarrollo de una norma que no apoyó.
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