Considerado uno de los medios con más barreras arquitectónicas, a finales de año se aprobará un Real Decreto para regular las condiciones que faciliten su uso normalizado El Ministerio de Fomento prevé aprobar a finales de año un Real Decreto que regulará las condiciones de accesibilidad que deben cumplir los medios de transporte. El objetivo es facilitar un uso normalizado de estos a las personas con alguna discapacidad física, visual o auditiva. La medida ha sido bien acogida por parte de estos colectivos, a la expectativa de conocer las mejoras que supondrá, especialmente, en uno de los medios que aún presenta más barreras: el tren. La legislación actual obliga a que las nuevas infraestructuras ferroviarias sean accesibles, pero adaptar las antiguas es tan costoso que sólo cumplen estos requisitos 115 trenes de larga distancia, el 66% de los ferrocarriles de media distancia y el 9% de los convoyes de corta distancia o cercanías.
Azucena García / Julio, 2007
Azucena García / Julio, 2007
Nico Hogg
En España hay cerca de cuatro millones de personas con alguna discapacidad física. Además, una parte importante de la población mayor presenta problemas de movilidad y otros dos millones de hombres y mujeres tienen dificultades visuales o auditivas. Para todas ellas, el Ministerio de Fomento prepara un Real Decreto que regulará las condiciones de accesibilidad que han de reunir los medios de transporte para que las personas con discapacidad puedan usarlos de manera normalizada. Está previsto que el texto quede aprobado a finales de año y su aplicación obligará, entre otras cosas, a que todas las estaciones de tren y aquéllas cuya remodelación suponga más del 50% de su valor patrimonial permitan la plena accesibilidad de personas discapacitadas. Por su parte, los nuevos trenes y aquellos que se reformen con un presupuesto superior al 30% de su valor patrimonial, también deberán incorporar medidas de accesibilidad.
Los nuevos trenes y aquellos que se reformen con un presupuesto superior al 30% de su valor patrimonial, también deberán incorporar medidas de accesibilidad
El plan resulta ambicioso. A lo largo de esta legislatura se han invertido un total de 40 millones de euros para la eliminación de barreras y hasta 2008 se destinarán otros 12 millones. El proyecto incluye la remodelación, primero, de las estaciones que acojan más de 1.000 viajeros al día y, segundo, de aquéllas con más de 750. Para Luis Cayo Pérez Bueno, secretario general del Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), el futuro Decreto responde en gran medida a las demandas de este colectivo y es una norma "ambiciosa y completa". De hecho, Fomento ha negociado directamente con CERMI la redacción del mismo hasta conseguir un texto que suponga un cambio relevante en el acceso al transporte. Más negativo se muestra al hablar de fechas, puesto que es previsible que los plazos legales sean dilatados y que la aplicación práctica del Real Decreto "lleve su tiempo". "No esperamos que la situación vaya a cambiar de un día para otro, pero sí por lo menos que agilice la compra de material móvil", añade el asesor jurídico de la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF), Óscar Moral.
La nueva norma encuentra su razón de ser en el desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En ella se recogía la necesidad de aprobar, en el plazo de dos años, las condiciones básicas que regulará el nuevo Decreto y se establecía el carácter obligatorio de las mismas en los siguientes plazos: de 5 a 7 años para las infraestructuras y material de transporte nuevo, y de 15 a 17 años para todos aquellos que sean susceptibles de ajustes. También el Proyecto Acceplan, del Plan de Accesibilidad 2003-2010 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, aboga por que las mejoras estructurales se alcancen a medio plazo y defiende la introducción de criterios de accesibilidad tanto en la legislación comunitaria sobre el transporte público como en la legislación estatal, en coordinación con los criterios de los operadores autonómicos. "En unos años tendremos un transporte ferroviario que será mucho menos hostil que el actual a la discapacidad", reflexiona Cayo Pérez Bueno.
En España hay cerca de cuatro millones de personas con alguna discapacidad física. Además, una parte importante de la población mayor presenta problemas de movilidad y otros dos millones de hombres y mujeres tienen dificultades visuales o auditivas. Para todas ellas, el Ministerio de Fomento prepara un Real Decreto que regulará las condiciones de accesibilidad que han de reunir los medios de transporte para que las personas con discapacidad puedan usarlos de manera normalizada. Está previsto que el texto quede aprobado a finales de año y su aplicación obligará, entre otras cosas, a que todas las estaciones de tren y aquéllas cuya remodelación suponga más del 50% de su valor patrimonial permitan la plena accesibilidad de personas discapacitadas. Por su parte, los nuevos trenes y aquellos que se reformen con un presupuesto superior al 30% de su valor patrimonial, también deberán incorporar medidas de accesibilidad.
Los nuevos trenes y aquellos que se reformen con un presupuesto superior al 30% de su valor patrimonial, también deberán incorporar medidas de accesibilidad
El plan resulta ambicioso. A lo largo de esta legislatura se han invertido un total de 40 millones de euros para la eliminación de barreras y hasta 2008 se destinarán otros 12 millones. El proyecto incluye la remodelación, primero, de las estaciones que acojan más de 1.000 viajeros al día y, segundo, de aquéllas con más de 750. Para Luis Cayo Pérez Bueno, secretario general del Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), el futuro Decreto responde en gran medida a las demandas de este colectivo y es una norma "ambiciosa y completa". De hecho, Fomento ha negociado directamente con CERMI la redacción del mismo hasta conseguir un texto que suponga un cambio relevante en el acceso al transporte. Más negativo se muestra al hablar de fechas, puesto que es previsible que los plazos legales sean dilatados y que la aplicación práctica del Real Decreto "lleve su tiempo". "No esperamos que la situación vaya a cambiar de un día para otro, pero sí por lo menos que agilice la compra de material móvil", añade el asesor jurídico de la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF), Óscar Moral.
La nueva norma encuentra su razón de ser en el desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En ella se recogía la necesidad de aprobar, en el plazo de dos años, las condiciones básicas que regulará el nuevo Decreto y se establecía el carácter obligatorio de las mismas en los siguientes plazos: de 5 a 7 años para las infraestructuras y material de transporte nuevo, y de 15 a 17 años para todos aquellos que sean susceptibles de ajustes. También el Proyecto Acceplan, del Plan de Accesibilidad 2003-2010 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, aboga por que las mejoras estructurales se alcancen a medio plazo y defiende la introducción de criterios de accesibilidad tanto en la legislación comunitaria sobre el transporte público como en la legislación estatal, en coordinación con los criterios de los operadores autonómicos. "En unos años tendremos un transporte ferroviario que será mucho menos hostil que el actual a la discapacidad", reflexiona Cayo Pérez Bueno.
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