dependientes se rechazan
Rigidez administrativa. Andalucía y Catalunya superan con diferencia las peticiones realizadas para beneficarse de las prestaciones de la ley.
Carmens Porras
Hasta el pasado mes de junio se habían recibido un total de 497.958 solicitudes de personas dependientes, de las que 306.652 han sido reconocidas con el derecho a percibir las prestaciones correspondientes, según datos del Imserso.
Andalucía y Catalunya, especialmente la primera, son las comunidades que destacan con gran diferencia sobre las demás en el número de solicitudes realizadas. Hasta junio, la región andaluza había presentado más de 160.000 y se le reconocieron más de 87.000 para una población de ocho millones de habitantes.
Catalunya desplegó más de 58.000 solicitudes y 47.506 le fueron concedidas sobre una población que supera los siete millones. A continuación y a gran distancia, se sitúan Valencia, con cerca de 25.000, y Galicia, con poco más de 24.000, para poblaciones de cinco y cerca de tres millones, respectivamente.
El 65% del total de las solicitudes correspondió a mujeres y, por edades, la mayor cuantía, más del 75% recayó en ciudadanos mayores de 65 años.
Hasta mayo, el número de personas que se estaban beneficiando ya de las prestaciones ascendía a 201.129, a los que la Administración central destinó más de 138 millones de euros en el acumulado del año, con el fin de garantizar el nivel mínimo de protección de las personas beneficiarias.
Además, el pasado 23 de julio, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte acordó con las comunidades autónomas la distribución de 241 millones de euros para financiar los servicios y prestaciones de la ley, lo que supone un incremento de 21 millones con respecto a 2007. Esta financiación es adicional a la que el Estado aporta por persona atendida, que entre enero y mayo de este año se cifró en 315 millones.
Desarrollo
Aunque la Ley de Dependencia entró en vigor el 1 de enero de 2007, no fue operativa hasta el 23 de abril cuando se estableció el baremo que fija los diferentes grados de dependencia.
El calendario para la ejecución de la normativa se extiende hasta 2015, que es cuando estará operativa en su integridad. Mientras tanto, se han establecido una serie de prioridades a la hora de conceder las ayudas.
En 2008 está previsto dar apoyo a los llamados dependientes severos y a los grandes dependientes, en años sucesivos se irá dando cobertura a las personas cuya autonomía sufra limitaciones más leves.
No obstante, aunque el Gobierno mantiene su intención de “cumplir con la financiación a la que le obliga la memoria económica de la Ley”, según ha explicado la titular del citado ministerio, Mercedes Cabrera, ésta ha reconocido también que la crisis económica podría tener alguna influencia en el despliegue de la ley.
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