jueves, 24 de enero de 2008

Investigación y politica

Expertos consideran necesario

"independizar ciencia de

política"

Varios destacados científicos expusieron las ventajas e inconvenientes de la nueva Ley de Investigación Biomédica en una jornada organizada por la Fundación Salud 2000



JANO.es y agencias · 24 Enero 2008
El director del Banco Nacional de Líneas Celulares del Centro de Investigación Príncipe Felipe, Carlos Simón, considera que en España sería necesario "independizar la ciencia de la política" y crear comités independientes como los que funcionan en Reino Unido, para decidir sobre la viabilidad de un proyecto de investigación biomédica, un proceso que ahora "depende del signo político de la comunidad autónoma en la que quiera desarrollar, del signo del partido del gobierno nacional y de la sincronía entre ambos".

El Dr. Simón realizó estas declaraciones durante la jornada "Ley 14/2007: Un nuevo escenario para la investigación Biomédica", organizada por la Fundación Salud 2000, inaugurada por la directora del Instituto de Salud Carlos III, Flora de Pablo, y clausurada por el secretario general del Ministerio de Sanidad, José Martínez Olmos, y por el presidente del consejo científico asesor de la Fundación Salud 2000, Luis Valenciano.

En este encuentro, donde también participaron el director de la Cátedra extraordinaria MSD de Genómica y Proteómica de la Universidad Complutense de Madrid, César Nombela, y el director de la Cátedra Intrauniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Carlos Romeo Casabona, se presentó el libro "Investigación Biomédica en España. Aspectos Bioéticos, Jurídicos y Científicos", donde colaboran los tres expertos.

La directora del Instituto de Salud Carlos III dijo que la Ley de Investigación Biomédica es "una herramienta eficaz para la promoción e implantación de la investigación en los centros del Sistema Nacional de Salud (SNS) como una práctica cotidiana, ya que se establece el marco legal para la puesta en marcha de una carrera investigadora en los centros del SNS y para el fomento de la movilidad del personal investigador".

"Una vez que la Ley existe, es hora de trabajar para que los derechos de los individuos se respeten por encima de todo y en todos los aspectos que la norma regula, independientemente del esfuerzo que haya que realizar para aplicarla en todos sus términos y en todos los ámbitos competentes", alentó.

En su intervención, Martínez Olmos destacó que la Ley de Investigación Biomédica surgió "como una auténtica necesidad del sector de investigación biomédica" que, "incomprensiblemente", no había sido cubierta antes, para acabar con las "importantes incertidumbres éticas y jurídicas" en las que tenían que desarrollar su trabajo los investigadores en España o que les obligaba a trabajar fuera del país, "en una nueva forma de 'exilio intelectual', del que el ministro de Sanidad, Bernat Soria, "es un buen ejemplo".

"España es hoy con la Ley de Investigación Biomédica, junto con el Reino Unido y Suecia, uno de los tres países de la Región Europea que poseen una legislación más avanzada", aseguró Martínez Olmos, quien destacó que esta Ley "fija normas en ámbitos nunca regulados hasta entonces o que lo habían sido de forma fragmentaria o ajena a los cambios producidos durante los últimos años, como son los análisis genéticos, la investigación con muestras biológicas humanas, en particular las de naturaleza embrionaria, o los biobancos".

El director del Banco Nacional de Líneas Celulares del Centro de Investigación Príncipe Felipe, en Valencia, consideró necesario crear un "sistema homologado" de carácter nacional para evaluar y decidir sobre los proyectos de investigación biomédica que pueden llevarse a cabo.

A su juicio, con el método contemplado en la Ley Biomédica, que somete las propuestas de investigación a comités de las comunidades autónomas y a otro nacional, la puesta en marcha de un estudio "depende del signo político de la comunidad autónoma en la que quiera desarrollar, del signo del partido del gobierno nacional y de la sincronía entre ambos". "Esto causa problemas a la investigación, que para avanzar necesita independizarse de la política", declaró.

Comités independientes


El investigador propone crear en España comités independientes como los creados en Reino Unido para evaluar los proyectos de investigación, un sistema que a su entender, tendría "un funcionamiento más coherente y sin valores políticos".

El Dr. Simón señaló que la posibilidad de crear células madre embrionarias a partir de células de piel humana hace necesario "replantear" la definición de ciertos aspectos de la norma, como qué es un embrión o qué debe protegerse a la hora de investigar. "Con la reprogramación celular se pueden crear embriones a partir de trozos de piel de adulto, por lo que hay que redefinir términos, saber si pensamos proteger un trozo de piel como si fuera un embrión", indicó.

Por su parte, el Prof. Nombela criticó la actual Ley Biomédica por considerarla "falta de consenso" político, "contradictoria" a nivel legal con regulaciones como el Código Penal o el Convenio de Oviedo y "poco precisa en sus términos" ya que, a su juicio, usa un "lenguaje encubierto que trata de evitar el término clonación".

Rechaza que en esta norma se use el término "poco científico" de "clonación terapéutica", asegura que la norma no tuvo en cuenta los "esperables" avances científicos que se han producido recientemente en el campo de la investigación biomédica -como la obtención de células madres a partir de células adultas- y aseguró que antes de esta regulación, en España era "perfectamente legal investigar".

Sin embargo, para el jurista Romeo Casabona la Ley Biomédica ha creado "un marco legal amplio" para la investigación biomédica en el que "tienen cabida" las últimas innovaciones en este campo. A su juicio, los términos empleados en la norma "son rigurosos" y a pesar de que la clonación "no se contempla" ni en el Convenio de Oviedo ni en el protocolo elaborado en 1998 tras la aparición de la oveja "Dolly", asegura que la actual norma "no entra en contradicción" con el Código Penal, que además "no es un código cerrado".

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