Investigación Biomédica

La Ley de

Investigación

Biomédica genera

dudas por su

terminología

La Ley de Investigación Biomédica sigue protagonizando debates. En una jornada organizada por la Fundación Salud 2000, investigadores, representantes de la sanidad y juristas han explicado sus puntos fuertes y también los débiles: es una norma necesaria, pero su carácter tajante, su terminología a veces discutible, el papel de los comités de ética y su futuro desarrollo generan dudas dentro de una satisfacción general por su aplicación.




DM. 24/01/2008
Una ley imperfecta es mejor que nada. Con estas palabras, Manel Esteller, del CNIO, resume el sentir general de los participantes en una jornada sobre la Ley de Investigación Biomédica organizada por la Fundación Salud 2000. Como ha explicado Yolanda Gómez Sánchez, del Comité Internacional de Bioética de la Unesco, era necesario establecer un cuerpo de bioderecho, aunque la sensación de optimismo por una norma “que era necesaria” se ve empañada por “una redacción poco adecuada en ocasiones debido a su complejidad”.

Este defecto ha sido uno de los más discutidos. La palabra embrión aparece sustituida por “ovulo activado” o por la expresión “activación de ovocitos mediante transferencia nuclear” en el texto. César Nombela, director de la Cátedra Extraordinaria MSD de Genómica y Proteómica de la UCM, cree que se ha utilizado “un lenguaje encubierto” para tratar la aprobación de la clonación en humanos para, entre otras cosas, “no chocar con lo establecido en el Convenio de Oviedo”. Un conflicto legal que, según la opinión de Carlos Romeo Casabona, director de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano Fundación BBVA-Diputación de Vizcaya, no se produciría en relación al código penal Código Penal, ya que “esta normativa es abierta y permite mecanismos de excepción”.

¿Eufemismos?

Por su parte, Zapata no concede demasiada importancia al debate terminológico porque “los nombres no valen nada. Si conseguimos células embrionarias es perfecto, perder tiempo en buscar nombres me parece un subterfugio para huir de la realidad”. Esteller ha llevado la discusión más allá y, más que criticar el uso de eufemismos, cree que hay términos que no están correctamente tratados. Es el caso de las anomalías genéticas, a las que la Ley “refiere como si sólo pudieran producirse por herencia, dejando fuera a las ocasionadas por una enfermedad”. En todo caso, los ponentes disculpan estos errores debido a la complejidad del ámbito legislado, y aseguran que hay tiempo para rectificar.

El caso de los comités de ética también genera debate. La Ley establece la creación de un Comité Nacional de Ética, que está por encima de los antiguos CEIS, pero cómo deben entenderse ambos “no está bien explicado en la norma”, según Zapata, para quien “parte de la ley podría quedar en papel mojado si no se pone remedio”. Asegura que el Ministerio debe asegurar la uniformidad de estos comités en el Consejo Interterritorial, aunque sea labor de cada autonomía definir su modelo de organización.

El C.I., por encima de todo

El consentimiento informado también ha sido protagonista. Aunque su necesidad no se ha puesto en duda, ha surgido la duda de si sería imprescindible cuando el ensayo no hace referencia a muestras biológicas del paciente, sino al estudio de métodos epidemiológicos y de práctica clínica. Sin entrar en concreciones, los ponentes creen que el C.I debe estar por encima de cualquier caso particular y que “supone el eje central de la autonomía del paciente, algo esencial, aunque pueda ralentizar alguna investigación”.

También se ha hablado de otro tipo de particularidades, las que pueden hacer referencia al hecho de que firmar el C.I signifique renunciar a cualquier tipo de beneficio económico para el donante derivado del estudio de la muestra biológica. Mientras Zapata tiene claro que el principio de gratuidad “o se aplica siempre o no”, Gómez Sánchez cree que este caso es un ejemplo de cómo la ley se ha plasmado en papel de forma demasiado tajante: “si se hubiera dejado una puerta abierta al estudio de algunos casos en que sí puede recibirse un beneficio, las donaciones podrían haber aumentado”. A su opinión se ha sumado Romeo Casabona, que admite la posibilidad de que la ley haya dejado un pequeño vacío para pensar en este tipo de devoluciones concretas, no ya a personas físicas, sino a sociedades científicas, asociaciones de pacientes y centros hospitalarios, entre otros. El jurista cree, igual que los demás ponentes, que “una ley de muchas vueltas y que necesitará de desarrollos complementarios”.