El Gobierno propone que el

dependiente pague en función de

su renta, a la que se sumará

hasta un 6% de su patrimonio


MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS)
El Gobierno propone que la capacidad económica de la persona dependiente se calcule en función de su renta, a la que se sumará, en el caso de las personas mayores de 75, un seis por ciento del patrimonio que tributa, según un documento al que ha tenido acceso Europa Press.

De igual manera, el texto plantea que para los dependientes de entre 65 y 74 años se sume un cuatro por ciento del valor de sus bienes; para los de entre 45 y 54 años, un tres por ciento; para los de entre 35 y 44 años, un dos por ciento; y para los menores de 35 años, un uno por ciento.

El documento fue entregado la semana pasada a las comunidades autónomas, que enviarán sus propuestas y alegaciones el próximo 26 de febrero. Una vez recibidas estas consideraciones, un grupo de trabajo formado por representantes del Gobierno y por algunas comunidades autónomas intentarán llegar a un acuerdo sobre el copago para el Sistema Nacional de Dependencia.

LO QUE PAGAN POR SERVICIO

El texto también plantea cuál debe de ser la participación económica de los dependientes en el coste de los servicios. Así, si la capacidad del beneficiario es inferior a 516 euros al año (el Indicador Público de Renta de efectos Múltiples) éste no costeará ningún servicio si sigue viviendo en su casa.

En el caso de que la persona dependiente esté en una residencia, su participación económica en el coste de los servicios deberá garantizar que el beneficiario se quede con un mínimo para sus gastos personales. Para las personas con una capacidad económica alta, no pagarán en ningún caso más del 90 por ciento del servicio.

Para calcular el dinero que podrán recibir los dependientes (en el caso de que no puedan acceder a ningún servicio), el Gobierno propone que si la capacidad económica del beneficiario está por debajo de los 516 euros al mes, éste reciba la prestación económica en su totalidad.

Si la capacidad económica es superior a esta cantidad, la comunidad autónoma o administración competente establecerá los índices de reducción, sin que en ningún caso la cantidad resultante pueda ser inferior al 50 por ciento de lo establecido.

MÁS DE 230.000 VALORADOS

Hasta el pasado 20 de enero, un total de 236.027 personas han sido valorados por sus comunidades autónomas para determinar su grado de dependencia, de los que cerca de 120.000 han comenzado a recibir los servicios y prestaciones que establece la Ley de Dependencia, según datos oficiales a los que ha tenido acceso Europa Press.

De estos 236.027, un total de 113.466 han sido reconocidos como grandes dependientes, es decir, aquellas personas que necesitan el apoyo indispensable y continuo de un tercero para desarrollar las actividades de su vida diaria. Según establece la Ley de Dependencia, estas personas tienen que estar recibiendo las prestaciones y servicios desde el primer año de funcionamiento de la norma (2007).

Del mismo modo, 5.896 personas han sido valorados como dependientes severos nivel II, es decir, aquellos que requieren ayuda dos o tres veces al día para realizar actividades cotidianas. La norma regula que este segundo grupo de dependientes debe beneficiarse de los servicios desde los años 2008 y 2009.

De la misma manera, las autonomías han estudiado el caso de otras 9.200 personas que, o bien tienen grados de dependencia que todavía no les hace beneficiarios de la ley, o bien son personas que han sido valorados como no dependientes.

De este modo, las comunidades han dictaminado el nivel de dependencia de 128.663 personas sobre el total de 236.027 solicitantes. Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entienden que los 122.561 restantes "están siendo estudiados por las comunidades autónomas".

DINERO O SERVICIOS

La Ley de Dependencia establece que este colectivo tiene derecho a plazas residenciales, teleasistencia, ayuda a domicilio, plazas en centros de día y de noche, y añade que, en determinadas casos, podrán recibir ayudas económicas.
El 64 por ciento de los solicitantes eran mujeres y el 36 por ciento eran hombres, y la mayoría (62 por ciento) tiene más de 65 años. El Gobierno ha puesto a disposición de los ciudadanos un servicio gratuito de información en el número 900.40.60.80.