Comunitat Valenciana

Los trabajadores de

centros privados de

discapacidad exigen

homologarse


EL PAÍS.es
FEDERICO SIMÓN - Valencia - 10/02/2008
Unas 3.000 personas -5.000 según los organizadores- desfilaron ayer por las calles de Valencia para denunciar el incumplimiento del Consell de los acuerdos firmados en 2004 que permitirían homologar antes de finales de 2007 a los trabajadores del sector privado de centros de atención a discapacitados de la Comunidad Valenciana con los empleados de centros públicos.

Según aquel acuerdo, los trabajadores, que cobraban de media un 70% del salario de los funcionarios, con diferencias de hasta 6.000 euros anuales, equipararían sus sueldos y condiciones laborales ya este año. Sin embargo, tras tres años con aumentos salariales, el nuevo equipo de Bienestar Social, con su consejero, Juan Cotino, a la cabeza, ha bloqueado el proceso y se ha negado a convocar la mesa tripartita (trabajadores, empresarios y Generalitat) para reanudar las conversaciones. Según los sindicatos, los trabajadores del sector privado siguen cobrando un 90% del salario de los del sector público, con diferencias mayores en algunas categorías.

"Cotino, entra en razón, mesa tripartita y negociación", "Hemos venido, a por lo prometido", "Signàreu a la taula, no teniu paraula", rezaban ayer algunas de las pancartas que trufaron la manifestación, que finalizó frente al Palau de la Generalitat. El éxito de la protesta, según los sindicatos, lo corrobora la masiva asistencia, teniendo en cuenta que el conflicto solo afecta a 2.000 trabajadores de unos 500 centros, entre centros ocupacionales, residencias de discapacitados, de enfermos mentales, centros de día y otras instituciones.

Según los sindicatos, la patronal del sector apoya sus propuestas ya que en muchos casos son familiares de discapacitados organizados en asociaciones interesados en dar un mejor servicio. Pero como son entidades sin ánimo de lucro sus presupuestos dependen de los acuerdos con el Consell, y si éste no aumenta las subvenciones no pueden ampliar plantillas ni salarios. "Se trata de boicotear la ley de Dependencia y de paso a nosotros", afirmó un manifestante.