La discapacidad se

sitúa por primera vez

en el ámbito de los

Derechos Humanos


Patricia Encinas / Madrid- 08/05/2008
La discapacidad se ha situado por primera vez en el ámbito de los derechos humanos, gracias a la entrada en vigor de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta es una de las principales conclusiones a las que se llegó en la jornada organizada hoy en Madrid por la Fundación ONCE bajo el título "La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: análisis del impacto en el ordenamiento jurídico español".

La mesa inaugural contó con la presencia del director general de la Fundación ONCE, Luis Crespo; la directora del Cermi, Pilar Villarino; la abogada especialista en discapacidad del Consejo General de la Abogacía Española Josefa García Lorente; el director del Instituto Bartolomé de las Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael de Asís, y el director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna.

Luis Crespo afirmó que "la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad sólo es posible con la existencia de un régimen jurídico que vele por la aplicación de una legislación que defienda sus derechos".

En este sentido, añadió que, a su juicio, "cualquier actuación legislativa tendrá que partir de la situación real en la que se encuentran las personas con discapacidad en España y, además, es fundamental que la sociedad conozca e interiorice el alcance de estas modificaciones legislativas".

Pilar Villarino aseguró que esta Convención "servirá para paliar la situación de desigualdad en la que se encuentran las personas con discapacidad", y añadió que desde el Cermi "realizaremos una labor de exigencia para lograr su ajuste al ordenamiento jurídico español".

NORMA JURÍDICA VINCULANTE

Por su parte, Josefa García Lorente afirmó que desde el Consejo General de la Abogacía "no vemos la situación del colectivo de las personas con discapacidad como algo que haya que solucionar con una limosna, sino como un derecho que debemos reivindicar en todo momento".

A continuación intervino Rafael de Asís, quien insistió en que las consecuencias de la aprobación de la Convención se centran en que, a partir de ahora, "se da el paso jurídico para que el tratamiento de la discapacidad se haga desde un enfoque de derechos humanos, y además, tenemos una norma jurídica vinculante".

De Asís puntualizó que la entrada en vigor de la Convención implica "una revisión de todo el ordenamiento jurídico español". Además, a su juicio, "sus principios deben ser un instrumento que impregne la educación y, por tanto, la enseñanza tanto de los menores como de los universitarios", razón por la que es necesario "formar a los profesores para que sean capaces de transmitir el nuevo enfoque de la discapacidad".

Seguidamente se celebró una mesa redonda titulada "la Convención como nueva herramienta jurídica", en la que intervino el fiscal del Tribunal Supremo Carlos Ganzenmuller, quien lamentó que en España no exista ninguna fiscalía específica dedicada a las personas con discpacidad.

Para Ganzenmuller, la Convención "es una autopista nueva llena de oportunidades, pero es preciso crear redes de carreteras secundarias que nos permitan llegar desde la autopista a cada persona con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones que amparan sus derechos".

Por último, el asesor jurídico del Cermi Óscar Moral incidió en la necesidad de que las personas con discapacidad hagan "un esfuerzo para estudiar la Convención, leerla y comprenderla, porque abre un abanico de posibilidades en numerosos aspectos de la vida", que los propios interesados deben conocer.