La Ley de Dependencia no será viable sin las entidades

locales


Municipios y autonomías coinciden en que para que la Ley de Dependencia sea una realidad se precisa una mayor y más justa financiación, sobre todo ahora que todos los agentes sociales, incluido el PSOE, reconocen que las solicitudes superan a las estimaciones iniciales.



Loreto Mármol 29/08/2008
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal prosigue encallada en la financiación. Es un hecho que ya nadie oculta. Y es que las comunidades desarrollan esfuerzos presupuestarios adicionales para financiar las prestaciones. De hecho, de no contar con los ayuntamientos, su puesta en marcha es "imposible". Es más, la organización de las prestaciones compete a dicho ámbito. Así lo ha recalcado Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

En su intervención sobre el papel de los gobiernos locales en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ha reivindicado autosuficiencia financiera de los ayuntamientos para que los servicios sean prestados por las administraciones locales más próximas al ciudadano, que son las que "mejor lo pueden hacer".

Pero a Castro le da la sensación de que "las autonomías están solas en la pista y no se acuerdan de que hay municipios que reclaman financiación" para la consecución de la nueva ley, a la que ha calificado como "una de las más hermosas de nuestra democracia". Según él, la fórmula adecuada sería debatir sobre qué parte corresponde a la Administración central, qué fracción a las comunidades y cuál es de los ayuntamientos. El siguiente paso sería distribuir los recursos en función de los servicios que preste cada administración.

Además, "las entidades locales son la garantía necesaria para que la calidad de las prestaciones sociales llegue con criterios de igualdad". Sin embargo, ha señalado que en los últimos meses ha recibido quejas de algunos alcaldes sobre la lentitud de los reconocimientos, valoraciones y aplicación de prestaciones. En su opinión, la ley "requiere un marco de colaboración interadministrativa que ponga los intereses y los derechos reconocidos de los ciudadanos beneficiarios por encima de los intereses políticos". Pilar Rodríguez, consejera de Bienestar Social de Asturias y directora del curso, ha coincidido: "No todos los gobiernos están aplicándola con el mismo rigor e interés".

Encuentro en Cantabria

Aprovechando este curso, se ha celebrado una reunión en Cantabria a la que han acudido representantes de Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Andalucía. Después del encuentro, Dolores Gorostiaga, consejera cántabra de Bienestar Social, se ha erigido como portavoz: "Se trata de una ley ambiciosa y compleja que ha provocado que las regiones asuman un esfuerzo presupuestario adicional". Al mismo tiempo, ha reconocido que su aplicación ha duplicado las previsiones iniciales.

Días antes, su homóloga arogonesa reconocía que la cifra de grandes dependientes es superior a la inicial, por lo que ha demandado una revisión de la financiación. Por su parte, Rosa Plantagenet, portavoz de Asuntos Sociales del Grupo Popular en las Cortes, ha reclamado una "financiación suficiente y estable para atender a los dependientes y no depender de la coyuntura económica".

Después de acusar al Gobierno que preside Marcelino Iglesias de "mentir descaradamente", Plantagenet ha incidido en que el problema de fondo es que "Zapatero la ha puesto en marcha sin la financiación necesaria, es decir, que está sujeta a convenios anuales, y esa irresponsabilidad ha supuesto crear unas expectativas que finalmente se han visto defraudadas".